MBI se opone al proyecto de ley 2688A de la Cámara de Oregón

Durante más de 40 años, el Modular Building Institute (MBI) ha sido la voz principal de la industria de la construcción modular, representando a más de 600 constructores, diseñadores y proveedores modulares en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Nuestros miembros en Oregón incluyen empresas propiedad de mujeres que pueden completar proyectos de obras públicas más rápido y de una manera más consciente del medio ambiente que las empresas de construcción tradicionales. Nos oponemos al proyecto de ley 2688A de la Cámara de Oregón y animamos a todos los legisladores estatales a votar en contra de este proyecto de ley.

El proyecto de ley 2688A es tan enrevesado que MBI y otros expertos en políticas no están seguros de si la construcción volumétrica está cubierta por los parámetros que establece. En caso de que BOLI determine que la construcción volumétrica entra en el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, los gastos generales de cumplimiento eliminarían inmediatamente a las empresas modulares con sede en Oregón de la licitación de contratos públicos. Sin embargo, las empresas de fuera del estado, que quedan fuera de las capacidades de aplicación de BOLI, todavía pueden ser capaces de hacer una oferta en estos contratos sin cumplir con la ley.

La construcción modular ofrece la oportunidad de terminar los proyectos de construcción más rápidamente y con menos residuos. Estos factores suelen reducir el coste total del proyecto en comparación con la construcción tradicional.

Además, los empleados de las fábricas modulares disfrutan de una serie de ventajas que no se encuentran en el empleo tradicional en la construcción. Los empleados de las fábricas modulares desempeñan sus tareas en el interior, lejos de la mayoría de los peligros ambientales que se encuentran en las obras de construcción tradicionales. También trabajan a jornada completa durante todo el año, lo que les permite conciliar una vida laboral saludable.

Si el proyecto de ley 2688A se convirtiera en ley, los proyectos de construcción aumentarían de precio, tendrían plazos de ejecución más largos y producirían muchos más residuos. El proyecto de ley también incentiva la adjudicación de contratos a empresas de fuera del estado que no reinvertirían sus ganancias en la economía local de Oregón. Por todas estas razones, pedimos a la legislatura del estado de Oregón que vote en contra del proyecto de ley 2688A de la Cámara de Representantes.